¿La novedad? A partir de 2025, las marcas con peor desempeño ambiental deberán pagar hasta 5 euros por prenda, cifra que aumentará a 10 en 2030. También se restringirá su publicidad y se sancionará a influencers que las promocionen. Se introduce además un sistema de eco-puntuación que medirá desde las emisiones hasta qué tan reciclable es una prenda. Una especie de etiquetado verde, pero para la ropa.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Anne-Cécile Violland y aún debe pasar una revisión final, pero su aprobación en el Senado ya sienta un precedente global: por primera vez, una ley apunta directamente al corazón del fast fashion.
Sin embargo, no todo es celebración. Aunque el mensaje político es potente, las críticas no tardaron en llegar. Varios colectivos ambientalistas acusan que la ley, en el fondo, es tibia: deja fuera a marcas como Zara, H&M o Kiabi, lo que huele más a proteccionismo europeo que a compromiso ecológico real. ¿Puede hablarse de sostenibilidad si los grandes jugadores del continente quedan exentos?
Y hay algo más. Esta ley también nos interpela como consumidores, como creadores de contenido, como industria. Porque si lo que llevamos puesto hoy fue producido en masa, a miles de kilómetros, por trabajadores mal pagos y con materiales imposibles de reciclar… ¿podemos seguir llamándolo “moda”?
Francia abrió la puerta a una nueva conversación. Queda por ver si el resto del mundo la continúa. Porque detrás de cada remera de tres euros, hay algo que cuesta mucho más: el planeta.